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Grupos activistas y expertos legales: La política migratoria en las cárceles no causará pérdida de fondos federales

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: Feb 6, 2017
Contacto:  Lane Pickett, lane.pickett@splcenter.org(334) 956-8420

La resolución sobre las solicitudes de detención de ICE adoptada en 2013 ha ahorrado impuestos y mejorado en las relaciones con la policía

MIAMI – El Centro Legal sobre la Pobreza del Sur (SPLC por sus singlas en inglés), la Unión Americana de Libertades Civiles de la Florida, Kurzban, Kurzban, Weinger, Tetzeli y Pratt, PA, numerosos académicos de Derecho y grupos de defensa locales, instaron hoy a la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade a que defienda una resolución del condado que ha ahorrado millones de dólares de impuestos y mejorado las relaciones de la comunidad con la policía al no exigir a los oficiales que para retengan a las personas en las cárceles del condado a solicitud de las autoridades de inmigración. El futuro de la resolución se puso en peligro por la directiva del alcalde Carlos Giménez el 26 de enero quien ordenó que condado debe volver a retener a inmigrantes indocumentados a expensas de los contribuyentes.

En una carta a los comisionados los grupos explicaron que, contrario a la directiva del alcalde, el condado no enfrenta amenazas inminentes a los fondos federales manteniendo la política anterior. Aunque el presidente Trump recientemente emitió una orden ejecutiva que amenaza con retener fondos federales de las localidades que se niegan a compartir información con las autoridades federales de inmigración, esa orden no se extiende a Miami-Dade, condado que solo prohíbe el encarcelamiento de inmigrantes a expensas del condado. La carta explica que cualquier intento futuro por parte del presidente de revocar fondos a estados y localidades está sujeto a limitaciones constitucionales.

Si Miami-Dade vuelve a su antigua práctica de retener a las personas después de que termine su detención criminal, perderá cientos de miles de dólares – o más – anualmente, según la carta. Según un memorándum emitido por el alcalde, el condado gastó más de $624,000 para honrar las solicitudes de detención de inmigración en 2013, el año antes de que el condado dejara de honrarlos. La cifra supera con creces la reciente declaración del alcalde de que una política de honrar las solicitudes de detención costará al condado sólo unos 50.000 dólares al año.

La carta también describe cómo el condado podría hacerse vulnerable a demandas si sus cárceles retienen a gente después de que haya terminado su condena criminal. La policía local ha sido responsable en repetidas ocasiones de la detención inconstitucional de personas en respuesta a tales solicitudes.

Otras ciudades de Estados Unidos han prometido continuar manteniendo la aplicación de la ley local separada de las leyes de inmigración, incluyendo Boston, Chicago, Cincinnati, Denver, San Francisco, Syracuse, Nueva York y Washington, D.C.

“Forzar a los oficiales de policía locales a convertirse en agentes de inmigración sólo socavará la confianza entre la policía y los inmigrantes, lo que hace que nuestras comunidades sean menos seguras porque el miedo impide que los inmigrantes denuncien crimenes”, dijo Naomi Tsu, subdirectora legal de SPLC. “El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, necesita proteger los mejores intereses de sus electores en lugar de entregarse a una administración que ha demostrado que sólo sabe llevar la política migratoria de nuestra nación al caos”.

La política de detenciones de Miami-Dade, que fue adoptada por unanimidad por los comisionados del condado en 2013 y entró en vigencia en 2014, está amenazada como resultado de la directiva del 26 de enero que dice que el condado debe honrar todas las solicitudes de detención de inmigración. La orden ejecutiva del Presidente Trump fue emitida un día antes. La junta de comisionados del condado ha programado una audiencia especial el 17 de febrero para discutir la política de detención.

“La política aprobada por la comisión del condado en diciembre de 2013 fue sobre todo para proteger a las familias inmigrantes”, dijo Jonathan Fried, director ejecutivo de We Count!, una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes y los campesinos. “La respuesta del alcalde Giménez ante las amenazas del gobierno Trump aumentará el temor y las violaciones de los derechos humanos en nuestra comunidad. Además, es injustificado, innecesario, y pone al condado en peligro”.

La carta señala que hay “restricciones significativas” en la capacidad del gobierno federal para cortar los fondos del Condado de Miami-Dade en el futuro. Una administración no puede imponer nuevas condiciones a los fondos para el condado sin antes darle la oportunidad de decidir si quiere renunciar a los fondos federales o cambiar las políticas.

Según la carta, desde que se adoptó la resolución de no honrar todas las solicitudes de detención de inmigración, la relación entre la comunidad inmigrante y la policía ha mejorado, lo que señala que el uso de la ley local para hacer cumplir la ley federal de inmigración genera desconfianza en la policía por parte de las comunidades inmigrantes y desalienta las denuncias de crímenes. También destaca un estudio que encontró que los condados con políticas anti-detención tienen menores tasas de criminalidad que los condados similares sin ellas.

Diversos academicos de derecho y organizaciones firmaron la carta, inclyyendo a profesores de Derecho Constitucional y Derecho Migratorio. Entre los grupos que firmaron la carta se encuentran ACLU de Florida; American Friends Service Committee; Americanos por la Justicia Inmigrante; AILA Capitulo del sur de la Florida; Advocacy Partners Team, Inc.; Catalyst Miami; Servicios Legales Católicos; Centro Campesino Farmworker Center; Community Justice Project; Dream Defenders; Emerge USA; FANM/Haitian Women of Miami; Florida Association of Criminal Defense Lawyers, Miami Chapter; Florida Immigrant Coalition; Immigration Law & Litigation Group; Kurzban, Kurzban, Weinger, Tetzeli & Pratt, P.A.; LatinoJustice PRLDEF; Miami-Dade Progressive Caucus; Miami Workers Center; Mijente; National Day Laborer Organizing Network; National Lawyers Guild, South Florida Chapter; New Florida Majority; Power U Center for Social Change; Rise Up Florida!; SEIU Florida; SLAY Our Vote; South Florida Interfaith Worker Justice; Southern Poverty Law Center; University of Miami School of Law’s Immigration Clinic; United Families; United We Dream; Veterans Bar Association; We Count!; y We Belong Together.

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El Centro Legal sobre la Pobreza del Sur, ubicado en Alabama con oficinas en Georgia, Florida, Louisiana y Mississippi, es una organización de defensa de los derechos civiles sin animo de lucro dedicada a luchar contra el odio y la intolerancia, y a luchar por justicia para los miembros mas vulnerables de nuestra sociedad. Para mas información ver www.splcenter.org.